“Fuimos alertados a través de la red social involucrada y el FBI de Buenos Aires, luego hicimos lo propio en el Departamento de Cibercrimen para identificar al usuario, encontramos que es un menor de edad, llegamos al lugar, constatamos el hecho y se hizo una contingencia”, comentó en contacto con radio Uno el Crio. Diosnel Alarcón, jefe de Delitos Informáticos.

Detalló que conversaron con los padres del adolescente de 17 años y también con psicólogos del Ministerio Público, quienes luego de la entrevista recomendaron contención urgente para el menor.

“Aconsejaron que sea atendido de forma automática para ver por qué ha posteado ese mensaje y ver si realmente hay intención o si fue una broma”, expresó el Crio. Alarcón.  Indicó que en el mensaje, el menor se declaró fan del atacante y advirtió que lo mismo podría ocurrir en nuestro país pero en mayor número.

Reveló que esta no es la primera vez que reciben una notificación de la red social, ya que, al detectar un comentario, los encargados de la misma reportan al país de origen del usuario que lo escribe. En este caso, la alerta también provino del FBI, porque el menor etiquetó al agresor de Estados Unidos y posteriormente escribió el mensaje.

Durante el tiroteo en Texas, 19 niños y dos maestras resultaron víctimas fatales. El atacante era un joven de 18 años, quien posteriormente fue abatido.

Se trata de un hombre de 27 años de edad, identificado como Jorge Daniel Casau, quien fue detenido por la Policía en la ciudad de Asunción, por poseer orden de captura por un supuesto hecho de extorsión a un periodista.

Del poder de alias “Barbie”, se incautó un aparato celular que será sometido a una pericia.

El procedimiento de detención fue realizado por el personal del Departamento Antisecuestro de Personas.

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Según el comisario Nimio Cardozo, jefe de Antisecuestros, explicó a radio Montecarlo que la detención se dio mediante una operación encubierta.

El jefe policial agregó que esta persona amenazaba al denunciante con la difusión de un video en el que ambos aparecen en el interior de un vehículo. Para no hacerlo, le solicitó inicialmente la suma de G. 3 millones, que posteriormente subió a G. 8 millones.

El ministro de Justicia, Ángel Ramón Barchini, emitió la Resolución No. 347 por la que designa a Careaga como titular del centro.

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Las puertas del Centro de Reinserción Social de Minga Guazú fue abierta desde este viernes y se busca reducir el hacinamiento y los índices de reincidencia de quienes cumplen sus condenas.

Estará al mando Julio César Careaga Vera, quien es funcionario del Ministerio de Justicia, con una antigüedad de 22 años. Abogado, egresado de la Facultad de Derecho UNA.

Su experiencia incluye funciones dentro del sistema penitenciario porque dirigió el Servicio Nacional de Atención a Adolescentes Infractores (SENAI), fue director de Asuntos Internos y Anticorrupción. Además, interventor de la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios y últimamente, se desempeñó como director de Protección de Derechos Humanos en el Sistema Penitenciario.

El Centro comenzará a albergar a los internos los primeros días de junio, donde prevén trasladar a la nueva cárcel a 40 personas con condena firme. Se alojarán en los módulos convencionales.

El agente fiscal Christian Roig pidió la elevación a juicio oral y público de la causa por sicariato que enfrentan Rubén Darío Benítez Gómez y María Liliana Velázquez Villasanti.

Ambas personas son las principales acusadas por el asesinato del taxista Alfredo Jara González, ocurrido en octubre del año pasado en la localidad de Curuguaty, Canindeyú.

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En el caso puntual de Benítez, el mismo es sindicado como el sicario responsable de asesinar a tiros al trabajador del volante, mientras que Velázquez -quien era esposa de la víctima- sería la que lo contrató para el “trabajo”.

Las investigaciones determinaron que el asesino era amigo de Rubén Rodas Portillo, supuesto amante de la mujer y que sería el supuesto autor intelectual del crimen del taxista.

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Para este asesinato por encargo, Velázquez habría prometido el pago de G. 25 millones, aunque solo abonó la suma de G. 10 millones por el atentado criminal.

Ahora, queda en manos del Juzgado determinar si la causa será elevada a juicio oral y la fecha de realización de esta diligencia judicial.